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Canapé Rights

29 08 2006 - 08:58

Quisiera referirme aquí a una cuestión anécdotica pero, según trataré de mostrar, también muy rica: la polémica presentación argentina ante el tribunal arbitral del mercosur (para quienes no la recuerdan, se trata de la respuesta que se dio ante las protestas uruguayas que siguieron a los bloqueos al tránsito hechos pro la población de Gualeguaychú). En su pequeñez, y como casi cualquier hecho al que se le preste suficiente atención, el episodio deja a la luz una cantidad de material muy atractivo sobre el que pensar. Aquí quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos de ese episodio, relacionados con el modo en que se ejerce el poder en el país. De antemano, sugeriré que algunos de los puntos que mencione pueden pensarse también en relación a otros episodios públicos recientes (sugeriría pensar, por ejemplo, en el affaire D’Elía y sus impulsos expropiatorios en defensa del patrimonio argentino).

Un primer hecho notable tiene que ver con la precariedad de los equipos técnicos del gobierno, siempre prestos a improvisar y notables por su acercamiento superficial al tema que se le asigne en custodia. En el ámbito jurídico, esta actitud es todavía más penosa porque viene acompañada de normas fuera del alcance de cualquiera, corbatas y términos incomprensibles (incomprensibles, por supuesto también, sino sobre todo, para los abogados), a los que se decora con citas interminables de fallos judiciales anteriores o, para hacer la cosa aún menos comprensible para los demás mortales, números de fallos (así nos dicen, por ejemplo, “y esto es lo que se sostuvo en F: 215–34; F: 313–24”). Es interesante saber que en una enorme mayoría de ocasiones, dichas citas, si exploradas, llevan a ninguna parte, a direcciones erróneas, o más comúnmente a referencias casi del todo inconexas con el caso bajo examen). Los abogados también citan profusamente a autores, habitualmente del peor modo y por las peores razones. La regla está dada por las citas de autoridad (que implican sostener, finalmente, que “esto debe hacerse porque lo ha dicho tal persona,” mientras uno se pregunta: “pero cómo ¿y el argumento que se esgrime cuál es, más allá del testimonio que se cita?”). Pero lo peor son los medios: es demasiado común que se invoque a tal o cual autor para hacerle decir a aquél no lo que aquél dijo sino lo que quien alega quiere que el invocado diga. Ello así, aún cuando esto implique, finalmente, poner en boca de la persona citada alguna afirmación que éste último rechazaba o rechazaría (recuerdo alguna cita a un texto propio, hecha por el máximo tribunal penal argentino, destinada a utilizarme como apoyo de exactamente aquello contra lo cual yo argumentaba en mi texto). Y si esto es así en los casos normales que involucran a los equipos técnicos argentinos, mejor ni pensemos qué es lo que ocurre cuando los profesionales que se ocupan del tema provienen de la cancillería, esos seres especiales, casi humanos, que tienen a su cargo sólo cuestiones de la “alta política,” y que lo resuelven todo con un canapé en la mano. Porque aquí no sólo se agigantan las formalidades altisonantes sino, lo que es peor, crece de forma proporcional la auto–conciencia acerca de las propias capacidades superiores, excepcionales, únicas.

A la hora de argumentar sobre el caso Gualeguaychú, el plantel de cancillería recurrió a un argumento al que uno le tiene particular cariño, referido a la necesidad de proteger especialmente el derecho a la libertad de expresión de aquellos que tienen motivos de queja frente al poder. El argumento me resulta simpático aplicado a los reclamos de los grupos más postergados del país, porque a algunos les puede ayudar a ver que aún personas con vinchas y en camiseta tienen derechos; porque a otros puede ayudarlos a ver que los derechos de tales sujetos no se agotan en ciertos derechos de tipo social (pongamos, el derecho a comer un asado de cuando en cuando); y porque en todo caso puede llamar la atención sobre las dificultades expresivas de algunos grupos, el nivel de agravios jurídicos que sufren esos algunos, y la gravedad de esas faltas contra algunos cometidas, entre otros, por el Estado. Por supuesto, el argumento no puede ni merece ser utilizado en cualquier ocasión, para amparar cualquier tipo de expresiones (no avalaría, por decir algo, la publicidad engañosa) o justificar cualquier tipo de conducta (digamos, la difusión de información a sabiendas falsa, sobre el comportamiento de un funcionario público). El argumento según el cual las expresiones de queja frente al poder merecen una máxima protección tampoco ampara cualquier medio de queja (por ejemplo, una protesta realizada a través de actos que impliquen violencia hacia los demás), si es que la misma queja puede ser presentada, razonablemente, de modos no lesivos respecto de los derechos de los demás.

El punto es importante y aquí es donde, me parece, las discusiones suelen empantanarse y perderse. Para casi toda la doctrina argentina, y para una mayoría de conocidos, esta sencilla idea basta para desautorizar las protestas de los “cortadores de ruta”: ¿Cómo pueden autorizarse estas protestas –nos dicen– si quienes realizan los cortes pueden protestar utilizando los canales institucionales ya existentes –por ejemplo, pueden votar en contra del gobierno cuando llegue el tiempo de las elecciones? ¿Cómo pueden permitirse los “cortes” si, según dice la Constitución, “el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes? ¿Y por qué autorizar protestas que afecten a terceros, cuando los manifestantes podrían presentar esos mismos reclamos en zonas protegidas o más alejadas, sin molestar a nadie?

Lo cierto es que, normalmente, las cosas son mucho más complicadas de lo que sugieren estas preguntas simplificadoras, triviales o engañosas. Primero, porque –sin apartarse del argumento constitucional– la propia Constitución argentina es mucho más amplia y exigente en materia de participación política que lo que dichos cuestionamientos presumen. La idea constitucional según la cual “el pueblo no delibera ni gobierna” debe complementarse con la apertura que tiene la misma a una diversidad de formas “semi–directas” de democracia. Quiero decir, la idea reaccionaria según la cual la participación popular se encuentra limitada al sufragio periódico –idea increíblemente sostenida por la también reaccionaria, además de ignorante, Cámara Nacional de Casación Penal– no tiene asidero ni siquiera en el propio texto constitucional que –como bien sabemos– está lejos de ser un manual de progresismo. Por otro lado, la sugerencia según la cual las protestas pueden ser siempre realizadas en otros lugares, y de otros modos, resulta menos tautológica que tramposa. La pregunta relevante (la pregunta que se han hecho al respecto todos los tribunales internacionales) es, en todo caso, si al desplazar la protesta a otros lugares no se termina por socavar las posibilidades expresivas de ciertos grupos. En tal sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene la buena costumbre de preguntarle a los gobiernos, en estos casos: “Las limitaciones que han impuesto frente a los manifestantes ¿no traerán consigo consecuencias públicamente inaceptables: por ejemplo, limitar la posibilidad de que quienes protestan tornen visibles y audibles sus reclamos; discriminar ciertos puntos de vista; hacer que, en definitiva, ciertos temas de crucial importancia –temas que involucran la violación derechos fundamentales– queden fuera de la agenda pública?”

Finalmente, la idea de que uno debe ejercer sus derechos de modos no lesivos frente a los derechos de los demás resulta, en este tipo de casos, repudiable. Porque, por caso, llevar adelante una huelga implica siempre emplear un derecho constitucional cuyo ejercicio afecta directamente los derechos de otros. O, para apelar a otro ejemplo, más directamente referido a la crítica política: es cierto que nuestros caricaturistas y humoristas políticos podían haber optado por miles de imágenes diferentes, antes de representar a Frondizi con una nariz pinochesca, de dibujar a Illia como una tortuga, o de actuar a De la Rúa durmiendo. Es claro que, en cualquiera de tales casos, había miles de formas de representación alternativas, no ofensivas para el honor de estos ex presidentes. Sin embargo, debiera resultar más o menos obvio que la existencia de miles de vías alternativas de crítica –vías no lesivas de los derechos del funcionario público– no amparan, de ningún modo, los intentos de censura avanzados frente a aquellas representaciones. Y en este punto, por suerte, la opinión de la jurisprudencia argentina e internacional resulta casi unánime. La importancia central de la crítica política hace que, en muchas ocasiones, debamos aprender a tolerar formas de ejercicio de los propios derechos (en particular, de los derechos vinculados a la expresión crítica) molestas o lesivas frente a los derechos de otros.

Retomo entonces el argumento principal. La situación de desesperación en la que viven cientos de miles de personas en nuestro país; la gravedad de las violaciones de derechos que sufren; el tipo particular de los derechos afectados (derechos que hacen a la esencia misma de la ciudadanía); y el grado de responsabilidad directo del Estado en tales violaciones; hacen que en estas situaciones uno pueda entender y justificar, excepcionalmente, que ciertos grupos recurran a vías de expresión no tradicionales, capaces de involucrar la afectación de los derechos de otros. Más aún cuando el gobierno dinamita o bloquea los puentes de comunicación que lo vinculan con la ciudadanía (permitiendo que la información circule sólo de un lado hacia el otro). Y más todavía cuando organiza la comunicación social de modo tal que la misma resulte condicionada al dinero que cada uno sea capaz de ofrecerle. Hoy, en la Argentina, y en materia de libre expresión, rige el inconstitucional principio según el cual quien tiene más dinero tiene más oportunidades de ser escuchado y atendido por el gobierno –un principio agravado por el hecho manifiesto de que quien no tiene dinero tiende a quedar mudo e invisibilizado frente al gobierno.

Todo lo dicho sugiere que el núcleo más interesante del argumento de la libertad de expresión reside en su costado anti–gubernamental: Es porque el gobierno viola y permite que se violen derechos fundamentales de cierta porción de la población; es porque el gobierno no remedia dicha situación y porque además dificulta que los peor situados hagan conocer al público sus reclamos, que las críticas al poder surgidas en dicho contexto merecen la mayor y más cuidadosa protección (especialmente por parte de quienes hoy son sus peores enemigos, es decir los miembros del Poder Judicial).

Es en este sentido que resulta asombroso que el poder político haya querido apelar al argumento de la expresión en el asunto de Gualeguaychú. Dicho argumento exige híper–proteger la expresión de quienes son marginados y silenciados por el gobierno. Resulta insólito, entonces, que sea el gobierno el encargado de presentar un argumento fundado en los atropellos cometidos por el propio gobierno. Aquí aparece, por lo tanto, el segundo punto que me interesaba mencionar, esto es, la disposición de los agentes del gobierno a decir casi cualquier cosa casi en cualquier momento, descuidando la sustancia de lo dicho, las formas de lo dicho, o la consistencia propia de lo dicho con cosas que se dijeron de antemano. Y utilizo el término “casi” por el empeño del gobierno en revestir a sus acciones de ideología. En este sentido sí, claramente, el gobierno representa una etapa superior frente al menemismo, que a su amoralidad le llamaba ausencia de ideología.

En definitiva, el pequeño episodio de Gualeguaychú delata los niveles de oportunismo, cinismo y cualunquismo que son propios de este gobierno. Nada de esto, por supuesto, avala los argumentos que, en el caso, presentaran los juristas provenientes del Uruguay. Representantes de la mirada más rancia y tradicionalista del derecho, los agentes del escuadrón celeste denunciaron el inmovilismo del gobierno argentino, como si la única política pública concebible, frente al conflicto social, fuera la que saca los caballos a la calle y moviliza a los servidores del derecho penal. Lo dicho tampoco ignora el papel del empresariado local y extranjero en la materia, con delegados que se mueven como si los auto–referentes intereses de las empresas tuvieran que ser asumidos como propios por la comunidad; y que reprochan al Estado cuando expone la mínima duda antes de salir en defensa de tales intereses, mientras resisten cualquier exigencia sobre las empresas que sobrepase las suaves demandas de una caridad auto–impuesta. Nadie les reclama a los empresarios el poner en práctica principios de una moral basada en la ayuda que nos debemos mutuamente –una moral que, por ser ellos quienes son, ven como ajena o tonta. En todo caso, lo que resulta irritante es que traten al resto –y muy en particular a sus propios empleados– ejercitando las formas más crudas del auto–interés, y luego se asombren cuando el Estado o la ciudadanía no los defiende universalizando los particularísimos intereses empresariales.

Quien sí tomó como propios esos intereses particularísimos fue cierta prensa local –el último de los actores presentes en el escenario de Gualeguaychú sobre el que quería escribir algo. Alarma, en el caso Gualeguaychú tanto como en el affaire D’Elía, la virulencia de la reacción de esta cierta prensa, que dedicó un promedio de cuatro notas diarias a estos asuntos, como si lo que estuviera en juego fueran cuestiones de vida o muerte, causas capaces de tocar el último nervio de nuestra democracia constitucional. Y no es que uno se asombre de las habituales reacciones inmoderadas –la falta de aplomo– de los sectores pudientes de la Argentina. Sorprenden, en todo caso, los niveles propios de tal inmoderación. Es que uno se pregunta, entonces ¿qué carta tendrán guardada para cuando, en ese hipotético día, se ose cuestionar directamente alguno de sus intereses? ¿Qué sorpresas nos tendrán reservadas para entonces? Lo cierto es que en estos días, frente a estos hechos, cierta prensa dejó de lado hasta la pretensión de informar, para llevar adelante, directamente, sin aliento, desaforadas campañas propagandísticas. A través de ellas, hicieron lo posible por dejarnos en claro que, en este país, hay ciertas cosas que NUNCA se pueden o se van a poder hacer, y de las cuales es preferible que ni siquiera hablemos. Y adviértase que estamos frente a acciones que la Constitución no prohíbe; limitada y condicionalmente protege; o –como ocurre en el caso de las expropiaciones– directamente autoriza.

El modesto episodio de Gualeguaychú se revela, entonces, como una rica fuente de información acerca de los límites impuestos sobre el sistema democrático; los usos habituales de nuestro derecho; las soberbias aptitudes (sobre todo soberbias) de nuestros abogados, jueces, y dignatarios del servicio exterior; el ideologismo mentirosillo del gobierno; y ese actuar atolondrado, tan poco elegante, bien propio de nuestras clases pudientes y sus agencias de prensa. Finalmente, como decía el filósofo, cada porción de nuestro universo nos habla de todo nuestro universo.


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