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Por qué tomamos

27 09 2013 - 14:16

La educación secundaria está pasando en la Argentina uno de los peores momentos de toda su historia. En nuestro país, desde el punto de vista de los indicadores, cada época venía siendo educativamente mejor que la anterior, hasta que llegó el menemismo. Esto no cambio con el kirchnerismo. En 2001, de los chicos de 17 años el 28% no asistía a ningún establecimiento educativo. En 2010, el 27%. Es decir que la cobertura en secundarios mejoró un punto porcentual entre los dos censos. El 33% de los jóvenes de 20 a 24 años no terminaron la escuela secundaria, y ya abandonaron el intento (no estudian). El último anuario estadístico completo disponible es de 2010. El de 2011 no se publicó completo. Menos de la mitad de los jóvenes (43%) terminan el secundario en tiempo y forma. En el quintil de ingresos más altos, esos chicos son ocho de cada diez. En el quintil más bajo, tres de cada diez.

En diez años, caímos veinte puntos en las pruebas PISA. Estas pruebas son importantes porque comparan un grupo grande de países (los pertenecientes al OCDE, y otros que participan voluntariamente) y podrían servir como instrumento de políticas públicas. Algunos de los países evaluados son Corea del Sur, Francia, Kirguistán, entre otros. Estas pruebas incluyen comprensión de textos, matemática y ciencias. La Argentina está por debajo del promedio. Todos los países latinoamericanos lo están. Pero mejor que la Argentina están Chile, Uruguay, México, Colombia y Brasil. PISA es importante porque muestra que, aunque se precisa invertir en educación, no necesariamente más dinero produce mejores resultados (la Argentina destina una alta parte de su presupuesto a educación, pero aumentar el gasto no se tradujo en un mejor desempeño de los alumnos), y que más cantidad de horas de clase no producen mejor calidad educativa, si los docentes no están lo suficientemente capacitados.

De hecho, el único indicador educativo que mejoró en la Argentina es la cobertura; repitencia, sobreedad y promoción (pasar de año) empeoraron. El gobierno nacional está efectivamente destinando el 6,5% del PIB al área; a ello se le suman los préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID o UNICEF, que financian programas de mejora educativa. Pero la mayor parte de todo ese dinero se destina a obras de infraestructura; en particular, a la construcción de establecimientos dedicados a la educación inicial. Cada escuela que se inaugura se llena de alumnos. Hay una enorme demanda, porque en la Argentina todavía está instalada la idea de que hay que mandar a los hijos al colegio. Sin embargo, otra idea que también estaba instalada hasta hace algún tiempo ahora está desapareciendo: el Estado es un educador confiable.

Muchas familias de clase baja hacen esfuerzos descomunales por pagar escuelas privadas, aunque no sean buenas, porque les aseguran que las horas de clase que teóricamente deban dictarse serán efectivamente dictadas. El adolescente no es solo vulnerable ante la pobreza y la exclusión: también es físicamente independiente, y puede elegir no ir a clase si no tiene ganas. Eso ya es argumento suficiente para que los padres privilegien la educación privada por sobre la pública, si esta última constituye la amenaza de ser una fuente de nuevos problemas. El razonamiento de los padres quizás obedezca a necesidades logísticas más que a cualquier otra cosa: es un problema que los chicos no estén en la escuela cuando deberían estarlo. Pero desde la perspectiva pedagógica, las conclusiones son las mismas: no hay nada más importante que las horas de clase, con buenos maestros. Todas las instituciones educativas que encabezan los rankings internacionales se caracterizan por una gran carga horaria en el establecimiento educativo, con profesores capacitados constantemente (el caso extremo es, como siempre, Finlandia: los profesores son universitarios con posgrado), y menos tareas para el hogar.

El Colegio Nacional de Buenos Aires no escapa a estas consideraciones tan elementales. Ayer hablaba con un profesor universitario, investigador adjunto del CONICET. Me dijo: “Mi hijo quiere entrar al Buenos Aires: me quiero morir”. Quien hace unos diez años no hubiera pensado en mandar a su hijo a otro colegio que el Buenos Aires (o no hubiera dudado de hacer el intento) ahora se lamenta. El Colegio se viene tomando todos los años desde hace bastante. A ello se le suman los paros habituales en la educación argentina. El resultado de todo esto es que el Colegio deja de ser la primera opción para muchos de los que en otro tiempo hubieran sido sus aspirantes naturales, y se vuelve un reducto de hijos de exalumnos o hijos de progresistas. Los postulantes son cada vez menos, y la cifra se acerca fatídicamente a la de vacantes. Todo esto no es adivinación: es lo que pasó en el Pellegrini.

La toma que tiene lugar actualmente ya lleva diez días. Se la resolvió confusamente. No estoy queriendo hacer un juicio de valor: los alumnos del Colegio no logran ponerse de acuerdo sobre si la votación fue legítima y sobre cómo fue que efectivamente se llevó a cabo. Unos dicen que la primera votación arrojó estos resultados: el turno tarde y el turno noche estuvieron en contra de la toma (mayoría calificada: 2/3), y entonces se recurrió a un nuevo sistema de votación (todos los alumnos juntos), que arrojó un resultado favorable a la toma (con mayoría simple). Quienes están en contra de la toma señalan que la nueva votación fue espuria; quienes están a favor, que la segunda es la válida porque es más representativa. Me consta que el desacuerdo sigue vigente todavía hoy, a casi 300 horas de tomado el edificio.

Podría pensarse que la toma de una escuela es siempre un método equivocado, como lo es una toma de rehenes, aun cuando el reclamo sea el de agua potable para una villa de emergencia. No estoy de acuerdo. No podría precisarlo conceptualmente, pero sí puedo imaginar casos en los que es válido tomar un colegio: ante la actuación injusta de un rector, regente, preceptor o profesor que constituya una lesión contra un alumno o un grupo de alumnos. Por ejemplo: si una profesora le pega a un alumno y el rector no implementa medidas contra la profesora, me parecería sensato tomar el Colegio. Si un rector decide que el nuevo ingreso sea por sorteo y no por orden de mérito, creo que habría que tomar el Colegio. Etcétera.

Pero el panorama que presenta esta toma es absolutamente distinto. En primer lugar, como dije, por la confusión respecto de su legitimidad de origen. En segundo lugar, sobre todo, por los motivos que la animan. En tercer lugar, last but not least, por los distintos grupos que la apoyan. (La profanación de la Iglesia de San Ignacio agrega un dato de color –negro–: chicos que no interpretan uno de los edificios más antiguos del país como un patrimonio de la comunidad o como tantas otras cosas imaginables, sino que lo reducen fanáticamente a un símbolo de todo lo peor, y deciden arruinarlo en lo que puedan. Es exactamente lo mismo que hicieron los talibanes al destruir los Budas de Bamiyán en el año 2001.)

Sobre los motivos: los estudiantes aducen que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está por implementar una ley que tiende, en pocas palabras, a la privatización de la educación pública y a una merma de la calidad de la enseñanza. Esta ley, que no es otra que la Ley de Educación Nacional, se votó en el año 2006 en el Congreso de la Nación. Los cambios en el ciclo medio surgen de una iniciativa del Consejo Federal de Educación y se implementaron en todas las provincias. Este es el turno de la capital. El proyecto contempla, entre otras cosas, la desaparición de muchísimas orientaciones. Se pasa de unas 180 existentes en la educación secundaria porteña a tan solo diez. Como caso paradigmático –y así lo presentan los propios militantes estudiantiles– quiero mencionar el título de perito mercantil. Con su eliminación, el Pellegrini se vería despojado, dicen, de su más preciado bien; de algo más importante, al parecer, que la competitividad de su curso de ingreso.

El título de perito mercantil se origina en España a mediados del siglo XIX, y el Pellegrini lo incorpora en 1892. Una empresa pequeña podía contar con esa formación para las tareas que hoy haría un contador o un estudiante de contabilidad. La especialización en los colegios carece hoy de sentido; nadie toma a un empleado por el tipo de formación secundaria que haya recibido, ni le paga más por ella. Quien necesite un asistente contable, contratará a un alumno de ciencias económicas, apostando por un futuro contador, y no a un chico recién salido de la escuela. Por otro lado, ¿cómo es pensable que un alumno del CNBA se vuelva de repente un abanderado de la especialización, si no hay institución más enciclopedista que aquel? El latín puede pensarse como algo inútil, desde un punto de vista “práctico”, sea eso lo que sea; la diferencia con el título de perito mercantil es que el latín fue siempre inútil, mientras que el perito solo es inútil ahora. Se lo implementó por una consideración vinculada al mercado de trabajo que hoy carece de toda relevancia.

Seamos estrictos: el Pellegrini no perdería su especialización contable porque es un colegio que depende de la Universidad y que por lo tanto se ve exento de esta normativa de orden municipal. Y, sin embargo, lo estudiantes deciden tomarlo. Con el Buenos Aires ocurre lo mismo: todo en esta reforma le es ajeno. ¿La razón? Solidaridad, en palabras de los alumnos. El alumnado del Buenos Aires es proclive a la conmiseración: “Pobres escuelas de Flores o Barracas: no tienen conciencia de clase. Debemos parar en su nombre”. La pretensión es volverse los garantes de la educación pública, a la vez que disfrutar de cierta cuota de poder y de ejercer la superioridad moral que otorga el hecho de sacrificarse por los demás sin una razón demasiado buena.

Pero es evidente que no puede tomarse un colegio si las razones no son, precisamente, demasiado buenas. Es decir: tomar un Colegio por solidaridad obliga a terceros a un sentimiento que quizás no tengan en absoluto. Es difícil pensar que una toma va a decidirse con la participación de todos los estudiantes; como la representatividad de las asambleas va a ser siempre minusválida, debería limitarse su rango de acción al máximo posible. Sin embargo, es evidente que mal podrían tales límites provenir de los chicos. O bien porque, precisamente, no tiene el menor interés en imponerlos (la persona que está en contra de una toma no va a una asamblea: no hay que organizarse para mantener el status quo; la asamblea es una suerte de estado de excepción, porque decide de por sí que tiene autoridad para legislar por todos, aun cuando solo forme parte de ella una minoría; si la asamblea quisiera ganar un poco de legitimidad y representar efectivamente algo más parecido a todo el estudiantado, debería calificar su mayoría contando a los ausentes como votos contrarios a la toma o a la razón que sea que haya animado su constitución), o porque la categoría de límite, en general, resulte a un adolescente algo un poco antinatural.

Ese es el momento en que otros sectores de la comunidad educativa pueden intervenir, al menos con talante de sugerencia, para ejercer un freno natural al ímpetu de los estudiantes, que son en todo esto los que menos culpa tienen. Porque actúan con buena intención, posiblemente; porque son honestos; porque sienten un mandato ancestral por tomar el Colegio, etcétera. Y porque, como dije, están recurriendo a un mecanismo que no siempre es perverso o inválido, aunque a veces lo sea en grado sumo. Los estudiantes son víctimas de la perversión de sus padres y de sus docentes. Ambos grupos subliman distintos tipos de intereses por vía de la inmolación de los menores.

Quizás, los padres que apoyan la toma son o bien izquierdistas radicalizados que quieren reeditar la experiencia en sus hijos; o gente que quiere subsanar la frustración de no haberlo sido (o porque no quisieron o porque nacieron demasiado tarde). O muchas otras razones posibles. Como sea, la perspectiva que tienen sobre su participación en la comunidad educativa atrasa cincuenta años. Mientras que la participación de los padres es un éxito en todos los países con sistemas educativos avanzados, ellos la vuelven una farsa y algo que, para el espectador promedio, se torna inviable. La intervención en la educación de los hijos bien entendida es algo así: controlar las asistencias de los maestros, conocer qué capacitación tienen esos maestros y qué evaluaciones aprueban (o no), acceder a información respecto de la calidad de la escuela y de las otras escuelas del barrio, saber cuántos alumnos se reciben de cada institución y cuál de ellas augura mejores resultados universitarios, etcétera. Mucha de esa información existe en la Argentina. Su dueño legítimo, la persona que paga los impuestos con los que se la elabora, es el ciudadano, que, sin embargo, nunca accede a ella. En lugar de entender su participación como algo que garantice la excelencia educativa y que por lo tanto propenda a la redistribución de la riqueza (porque las buenas escuelas públicas son sobre todo buenas para quienes no pueden pagar otra cosa), se dedican al activismo político, aun cuando ese activismo conspire de manera directa contra los intereses de la comunidad.

En esta toma, hay padres durmiendo en el colegio, en una suerte de bizarro incesto ideológico. Cuando el periodista Gustavo Bazzan intervino en la polémica con una clara posición contraria a las tomas, muchos le dijeron: “Qué avergonzado debe estar tu hijo”. No puedo imaginar una situación más avergonzante que a mis padres haciendo campamento en mi colegio y velando por la justicia de mi intervención política.

Sin embargo, como en tantos otros casos, los mayores culpables son los que menos se notan. Los sindicatos docentes alcanzan en la Argentina grados de monstruosidad pocas veces vistos en otros ramos de la actividad humana. Ante un proyecto de un organismo internacional para hacer una evaluación sobre el impacto de las inasistencias de maestros, se denunció un complot del imperialismo septentrional. Cuando ese proyecto, semidesmantelado, quedó a cargo de un joven que está doctorándose en Harvard con una tesis sobre la inasistencia en los colegios, se insistió con la denuncia. Ni el Banco Interamericano de Desarrollo ni el joven doctorando pudieron hacer su trabajo. Yo vi al Buenos Aires interrumpiendo sus concursos (cuando se supone que es un colegio con catedráticos) porque los docentes no querían poner su trabajo en riesgo. También veo hoy a los docentes intentando sostener casi 200 orientaciones distintas en los secundarios, que terminan fabricando títulos que no pueden homologarse y que no conducen a nada, tan solo por tener horas extra o cobrar como especialistas en tal o cual materia. Cuando el Ministerio de Educación de la Ciudad decide reducir la cantidad de orientaciones a diez, el reclamo de los estudiantes, que se vuelven el house organ del cuerpo docente, es que eso producirá la pérdida de puestos de trabajo. Supongamos que eso fuera cierto. ¿Cuál es la relevancia de ello ante el hecho de que los alumnos estén recibiendo una educación peor de la que podrían? ¿Los estudiantes deben inmolarse para que malos maestros puedan seguir ganando un sueldo?

Los padres desconocen absolutamente los derechos que podrían asistirlos, como el control de calidad institucional o la rendición de cuentas de los funcionarios educativos (los maestros no son otra cosa: son public servants, personas que tienen una obligación con la sociedad, que cumplen un mandato). Los desconocen, especialmente, porque los docentes se ocupan de que así sea. Los mayores perjudicados por tal ocultamiento son, una vez más, los alumnos. Y sin embargo en la toma actual los tres grupos colaboran. Qué servicio les tributan los estudiantes a los gremialistas, dándoles un rostro humano a las más crudas consideraciones de bienestar personal y aprovechamiento del botín público. Las diversas formas de la autoridad que podrían imaginarse (desde el Rector del Colegio hasta los jueces de menores o la Universidad) están ausentes. Todo se vuelve una extraña oda neoliberal. El Estado no existe; una suerte de libre mercado determina el destino de la educación argentina, movido por intereses egoístas, de aprovechamiento de recursos en el caso de los docentes, y de redención espiritual en el caso de los padres.

Por último, los estudiantes son también moneda de cambio de partidos políticos, como expuso con descaro infinito Diego Rojas en una nota de Infobae. Todo esto se trata, en gran parte, de un boicoteo contra el macrismo, que se está limitando, en este punto, a implementar reformas vigentes en todo el resto del país. Solo así puede entenderse que se diga: “Se van a perder las horas de historia y geografía”. ¿Alguien cree verdaderamente que va a dejar de enseñarse historia y geografía en las escuelas porteñas? La Ciudad de Buenos Aires tiene las mejores estadísticas de desempeño educativo de todo el país, muy superiores al promedio. ¿Va a dilapidarlas eliminando dos de las asignaturas más básicas de la currícula? Ninguno de los estudiantes a los que le pregunté sobre esto pudo decirme en qué consistía tal eliminación. Tampoco pudo nadie decirme por qué la ley es privatista. En realidad –esto es obvio de cara a la experiencia del Pellegrini– las tomas son privatistas, porque llevan, como se dijo, a que la población desconfíe de las instituciones educativas públicas y elija mandar a sus hijos a escuelas privadas, por oneroso que ello les resulte y por dañino que pueda ser para sus hijos, por la baja calidad de la enseñanza de las escuelas privadas más accesibles. La gente no es tan idiota: nadie dejaría de mandar a su hijo al Buenos Aires si ve que fue tomado por un acto de injusticia flagrante, pero ¿cuán insensato es desconfiar de un colegio que entra en cese de actividades por enfrentarse a una medida en cuyo radio de acción ni siquiera se encuentra?

Todo esto expone de modo ejemplar varios de los dramas por los que transita la Argentina actual. La vuelta de la política –“Hemos perdido el miedo”, se llegó a escuchar en una de las asambleas de padres– esconde la acción de minorías intensas, que organizadas se autoconstituyen en legisladores para decidir por la suerte de todos los demás (el Colegio tiene 2000 alumnos y según parece votaron 500 –hay quien dice que los que votaron fueron 200–, de los cuales poco más de la mitad lo hizo a favor de la toma); la ideología sustituye a la información, y se alcanza así el milagro infame: es progresista defender un título inútil de hace más de cien años tan solo porque existe como tal; se desprecia absolutamente el saber técnico, y un documento de 900 páginas es impugnado por una mezcla de intuiciones e intenciones; el Estado está ausente como ente que implementa políticas públicas y solo interviene espasmódicamente, con Sileoni diciendo cosas del tenor de: “Siempre opiné que es bienvenida la participación de los jóvenes, nunca opiné otra cosa. Junto con esto, quiero que haya clases, necesitamos que haya clases”; la democracia se entiende solo como la acumulación numérica de votos y no como un conjunto de procedimientos que deben respetar condiciones de aplicabilidad; principios nobles, como el del involucramiento de los padres en la educación de los hijos, se arruinan para siempre.

El Buenos Aires ya no es el mejor colegio del país. Y no lo es por una sencilla razón: no hay modo de saberlo. Como no se acceda a estadísticas, mediciones, pruebas internacionales, como la gente no tenga acceso a la información que le pertenece por legítimo derecho, toda expresión desaforada de las virtudes del Colegio será justo motivo de parodia. Los alumnos del Buenos Aires deberían luchar, antes que nada, por tener buenos docentes, que no falten a clase, por tener un rector que pueda diagnosticar los problemas de la institución y lidiar con ellos, por saber si efectivamente están yendo al mejor colegio del país o no, y qué pueden hacer para que lo sea si no es el caso. Ese es el tipo de procesos que los padres deberían acompañar. Solo los padres y los alumnos unidos con ese fin altruista y democratizador podrán hacerle frente al poder omnímodo de los sindicatos docentes. De lo contrario, no serán otra cosa que la herramienta más útil para su perpetuación y la ruina inexorable de la educación pública argentina.


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