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Carlotto antes

12 12 2013 - 21:59

En su artículo sobre Estela de Carlotto, Eugenio Monjeau señalaba que ella era representativa de una inconsistencia que, con razón, sostenía que a esta altura ya se había vuelto épica por sus dimensiones: la partidización de los derechos humanos, el compromiso hipócrita, que frente a las víctimas necesita examinarlas para comprobar si merecen que se reclame por ellas. Esta selectividad, en realidad, se debe a que no hay un interés verdadero por los derechos humanos como una proyección de la persona (lo que implica universalidad), sino su utilización como forma de hacer política por otros medios, es decir, política partidaria, de parte. Monjeau les exigía que hicieran política, pero comprometiéndose con la dignidad de las personas; por lo tanto, que se preocuparan de restringir al poder, no de atender a los intereses de una facción. Pero Carlotto tiene autoridad, no poder. Cristina Kirchner sí tiene poder: el poder es fáctico, obliga materialmente. La autoridad no obliga ni discute, porque en ella reconocemos un mérito, una diferencia positiva. En su nota, Monjeau discutía los dichos de Carlotto, pero disculpándose previamente, explicando que no juzgaría su trayectoria, sino solo su versión K. Carlotto pre K sigue siendo valiosa; la que vino después, no. Perdió (ante Monjeau, no para otros) la autoridad que tenía; en consecuencia, se le pedía que volviera a ser aquella. Lo que Carlotto afirma desde hace unos años, pero una parte muy importante del movimiento de derechos humanos afirma desde hace décadas, es que vivimos en una situación de injusticia que implica dos cosas: 1) justifica a los que en la década de 1970 tomaron las armas; 2) sostiene que desde 1983 no se hizo nada por los derechos humanos; es decir, vivimos en la misma injusticia de hace cuarenta años, pero agravada por otra injusticia.

El problema político que se le presenta al progresismo, al haber elegido la reivindicación de los derechos humanos como instrumento de lucha contra la injusticia, es que el resultado es un planteo en el que la consigna genérica “derechos humanos” reemplaza a la más antigua “justicia social”, pero los contenidos de ésta en las versiones radicales de la izquierda son transferidos a la nueva denominación. Por lo tanto, si aparecía alguien que retomaba alguna forma de acción directa, entonces el reclamo de la defensa de los derechos humanos ya no estaba justificado, lo que da origen a la inconsistencia que señala Monjeau. Pero a mí me interesa algo más. Estos días vimos cómo la sociedad podía explotar en cualquier momento (y probablemente lo seguiremos viendo), pero también lo vimos el año pasado, y también lo vimos cuando Luis D’Elia destruyó la comisaría hace años y podría seguir con una larga enumeración. La razón es clara: no hay ninguna autoridad, hay poder, pero no hay un poder que también tenga autoridad y que la sociedad sienta como justo. Nuestra situación se parece al estado de naturaleza, pero no al que describe Thomas Hobbes, que es pura anarquía individualista, sino al de John Locke, en el que todos son capaces de ejecutar la ley natural, es decir, todos pueden estar seguros de la justicia de su causa y actuar en consecuencia. La única fuente de autoridad aquí es la acción directa y, como soy una víctima y lo que exijo es justo, puedo hacer lo que quiera. El problema es que, si se alcanza el poder y se mantienen esas ideas como orientación de la acción, ¿qué clase de orden, es decir, qué clase de comunidad, de orden que también tiene autoridad, se puede fundar?

Normalmente la exigencia de autoridad es vista como un reflejo autoritario, pero Hannah Arendt decía que sin autoridad no podríamos vivir, porque asociamos la autoridad a una exigencia que es justa y legítima, a algo que no obliga externamente (no es fáctica) ni argumenta con nosotros (la autoridad implica desigualdad). Quejarse del quiebre de la autoridad ya es un lugar común desde hace cincuenta años, pero la queja vuelve y, como decía Nicolás Gómez Dávila, la reiteración de una fórmula insulsa durante años solo puede obedecer a exigencias profundas. Apenas se abrieron algunas compuertas entre nosotros, la sociedad empezó a disgregarse ante nuestros ojos. Nos pusimos a examinar qué tan pobres eran los saqueadores, es decir, qué grado de justicia había en lo que hacían. Porque en el fondo, nadie cree en la autoridad aquí en la Argentina. Todos pensamos que en alguna medida los saqueadores eran víctimas, y por tanto, algo de lo que hacían estaba justificado (Cristina dijo la indignaban los que saqueaban en 4×4, es decir, no la indigna el saqueo en sí, solo la indigna el saqueo en ciertas condiciones –a pie o en moto quizás no estarían mal– y por ello no debemos examinar sino si es verdaderamente “popular”; si es planificado, no expresaría ningún descontento real).

De las palabras de Carlotto, de Cristina, de D’Elia sale siempre la misma idea: la justicia es que los humillados y los ofendidos devuelvan las ofensas y las humillaciones a los poderosos (D’Elia contaba por Twitter una hazaña igualitaria que había realizado hace unos años: orinar en la puerta del Jockey Club); pero no se proponen destruir el orden viejo, tan solo quieren que los símbolos de prestigio consagrados (por tanto, enemigos) sean humillados, en un ritual que no termina nunca. Huili Raffo los acusaba de nazis, Quintín de stalinistas; ambos podrían encontrar alguna justificación para esos epítetos, aunque creo que la palabra “autoritarios” diría lo mismo. De todos modos, diría que no son ni uno ni lo otro, porque el nazismo y el stalinismo querían crear sociedades diferentes a las que habían recibido, por inhumanas que ellas nos parezcan. Los kirchneristas, en cambio, son autoritarios porque son intolerantes y están obsesionados con la crítica adversa, pero no porque quieran imponer algún tipo de orden diferente. No hay ninguna dimensión de futuro en los rituales del kirchnerismo, solo hay alguna referencia a un pasado omnipresente.

Es evidente que en política no se puede ser amigo de todo el mundo y que el desacuerdo es valioso: lo que sorprende en el oficialismo gobernante es que hablan continuamente de inclusión, pero solo pueden encontrar su identidad cuando llevan a cabo algún ritual de exclusión. Es difícil pensar cuál es la comunidad que se puede construir sobre el resentimiento. Desde su surgimiento, el peronismo movilizó ese sentimiento bajo la consigna de que las necesidades originan derechos, pero después de 1955 y, sobre todo, de la Revolución Cubana, ese resentimiento adquirió el aura de ser lo que los humillados y ofendidos exigían, y eso lo convirtió en justicia, lo volvió una demanda irrenunciable para la izquierda. Durante los años en que el peronismo estuvo proscripto, ese impulso básico podía ser eficaz para movilizar y ser capaz de bloquear las iniciativas de otros en la política, pero no la impedía: incluso en medio de la inestabilidad permanente seguía habiendo débiles canales de comunicación subterráneos. La aparición de la guerrilla, la acción directa en su forma más acabada, los cortó. Creo que en nuestro país el momento del quiebre completo de la autoridad fue la aparición de la guerrilla. Eso significó una ruptura con la política existente a la que todavía hoy es difícil darle la dimensión adecuada. Los militares, por disponibilidad de medios, extendieron un campo ya cultivado por otros a la hora de justificar políticamente el asesinato y el jacobinismo. Pero el movimiento de derechos humanos no querría reconocer esto; siempre afirmaría que la violencia de la guerrilla no se diferenciaba de la que había existido anteriormente en nuestro país y que el corte es exclusivamente el terrorismo de Estado, una narración que se ha convertido en una verdadera “historia oficial” en la última década. Sin embargo, con el surgimiento de la guerrilla comienza una política nueva en la Argentina, que toma cosas de la política anterior pero las lleva hasta su degradación completa.

Cuando vemos la facilidad con que en estos días, pero también hace doce años, muchos se sienten con derecho a la acción directa y a destruir lo que sea porque están seguros de la justicia de su causa, más allá de los obvios contextos inmediatos, detrás de eso está la ruptura de cualquier noción de autoridad en la sociedad. El kirchnerismo es la expresión más acabada de esa situación de penuria, porque hizo propio el impulso que hace más de cuatro décadas llevó a la destrucción completa de la política en la Argentina y creyó ver allí una épica que todavía merecía tener una secuela. En los saqueos podría descubrir cuál es el significado de su principio espiritual si se lo traslada a nuestro presente, pero como lo que le muestran es horrible, prefiere imaginar otra conspiración más, sin preguntarse por su responsabilidad al respecto. Cuando Carlotto defiende al gobierno utilizando el “algo habrán hecho” respecto de los muertos en los saqueos, recuerdo cosas de hace cuarenta años, que están ahí, formando parte de nuestro sentido común, pero sobre todo del progresista, que decía luchar contra eso.


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