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Varias certezas y un pero

20 05 2005 - 17:52

A propósito de la libertad de Omar y María.

Es cierto que la prisión preventiva es una pena anticipada, y que por lo tanto es moral y jurídicamente cuestionable. Es cierto que las penas privativas de libertad, en países como el nuestro en particular, representan un ejemplo puro de lo que significa violar derechos. Es cierto que el gobierno se acerca (también) a las cuestiones judiciales de forma no-principista (sino con ánimo de rapiña).

Es cierto que la derecha local ha apelado a recientes casos judiciales de resonancia pública con una suciedad e impudicia que no desentonan con su bicentenaria trayectoria. Es cierto que algunos de nuestros fiscales son personas nobles, bien educadas, insospechables de corrupción, y seguramente buenos padres de familia. Es cierto que, en muchos casos, se ejercen presiones sobre la justicia que resultan incompatibles con ciertas respetables aspiraciones republicanas. Es cierto que el famoso “garantismo” penal, más que una posición a debatir, o una moda teórica a considerar, es una exigencia constitucional. Es cierto que el “fundamentalismo” en el cuidado de los derechos es un fundamentalismo maravilloso. Pero nada de lo anterior niega que la justicia argentina —con todas las refinadas distinciones que merezcan trazarse— tiene, en su núcleo vital, edad (avanzada), color de piel (blanco), género (masculino), religión (católica), clase social (media/alta), y sobre todo ideología (conservadora), y que si ello no genera enojos públicos, entonces bien valdría la pena promoverlos.

Por supuesto, lamentablemente, los enojos públicos tienen orígenes, motivaciones, y objetos diversos, y no todos estamos en un pie de igualdad a la hora de aportar al conjunto nuestra dosis de enojo. Más todavía, en nuestra sociedad, como en cualquier sociedad capitalista orgullosa de serlo, el motor de la historia es el dinero, por lo que es dable esperar que muchas de las quejas que escuchemos en el foro público descansen sobre ese confortable apoyo –apoyo ausente en relación con otras voces ausentes de la escena pública (lo anterior puede sonar a teoría conspirativa, y en todo caso ello se debe a que se basa en una, según la cual los sectores más aventajados usan sus ventajas para impedir que otros se las quiten). Pero otra vez, esto no niega el hecho de que hay buenas razones para apuntar con el dedo a la justicia y, aún en esta hora o justamente en ella, separar la paja del trigo y prenderle fuego a la paja.

Uno de los temas a señalar tiene que ver con el carácter neutral de la justicia independiente. Para decirlo de modo más pausado: malacostumbrados como estamos, tendemos a pensar que el gran problema de la justicia argentina (si no su único gran problema) es la falta de independencia que distingue, de modo más notable, a sus napas más altas. Los jueces, presumimos, siguen careciendo de independencia en una mayoría de casos, aunque advertimos también que hay jueces probos e independientes, y que hay crecientes movimientos a favor de una mayor independencia judicial, que permitirían poner fin a esa enfermedad tan carlosaulista. Pero el extraordinario problema de esta mirada es que, si bien correctamente enfocada (la justicia argentina padece de varias dependencias, una de ellas política), ella resulta fundamentalmente miope. Y es que el árbol de la dependencia impide ver el bosque de la parcialidad —al punto que nos hace pensar que la parcialidad es hija de la dependencia.

Y lo cierto es que la parcialidad de la justicia sólo se debe en parte a la dependencia política de algunos de sus súbditos (súbditos del poder, según la teoría conspirativa antedicha). La justicia es parcial, pero ello por razones que van más mucho más allá de su despreciable –aunque no completa- dependencia política. La justicia es parcial porque se encuentra indebidamente sesgada hacia personas mayores, de raza blanca, varones, de religión católica, y con cuentas bancarias sonrientes. Cuantas más de estas características acumule una persona, más razones tiene para pensar que va a encontrar refugio en la justicia (y mucho más si, al mismo tiempo, se trata de un abogado o –sobre todo- de un juez, lo que tiende a invulnerabilizar a la misma). Mientras tanto, las posibilidades de que un joven de tez bruna y bolsillos amnésicos sea cobijado por la justicia son inversamente proporcionales a su capacidad para irritar a los sujetos arriba citados. Y las chances de que una joven con similares imperfecciones acceda –por intermedio de la justicia- a un aborto, a una ligadura de trompas, o a un amoroso cuidado luego de haber sufrido su cuota de violencia marital, son tan altas como las de que la derecha reaccionaria se movilice en las calles a favor de tales causas.

En definitiva, hacemos bien en defender el garantismo, con el facón y con el poncho, contra los enemigos de turno, y en reprochar siempre los tramposos oportunismos de algunos de ellos. Pero la defensa de estas causas buenas no debe hacernos flaquear, tampoco, en la ofensiva contra una justicia arrogante, prepotente, y con olor a rico.


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