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Derechos de Cartón

26 10 2005 - 02:36

A pesar de que pasaron ya unos días del evento desencadenante de este texto, me interesaba reflexionar sobre la polémica desatada luego de que el Poder Judicial embargara los fondos (sobrantes) de la ciudad de Buenos Aires con el objeto de atender las necesidades educativas de (los hijos de) algunos de los miembros más desaventajados de la sociedad (los “cartoneros”). El interés se mantiene, creo, porque la polémica trasciende largamente el caso en cuestión, y nos fuerza a pensar sobre los modos en que organizamos nuestro sistema institucional, y sobre los fundamentos mismos de nuestra democracia constitucional. Podemos adentrarnos en dicho debate preguntándonos por qué es que aquellas decisiones generaron escándalo. He aquí algunas hipótesis, acompañadas de algunas posibles refutaciones frente a las mismas.

i) La decisión de utilizar las reservas de la ciudad para brindar educación a los hijos de los “cartoneros” representa un abuso de derecho. Error. La Constitución nacional (en particular a partir de 1994) es lo suficientemente avanzada en materia de derechos sociales como para dar cabida a tal tipo de medidas, y mucho más la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Las interpretaciones judiciales del caso representaron, entonces, lecturas perfectamente posibles dentro del esquema normativo del caso.

ii) El “activismo” judicial es inaceptable: los jueces deben actuar con prudencia y mesura. Error. Por un lado, si un funcionario público tolera la violación flagrante de derechos no es mesurado, sino cómplice. Por otro lado, no sólo no rechazamos, sino que habitualmente reclamamos –de modo absolutamente razonable- el activismo judicial en una multiplicidad de casos cotidianos. Veríamos como insólito –como algo absurdo- que un juez no se movilizara para evitar una discriminación racial, o para levantar la censura de un programa político, por temor a convertirse en un juez “activista.”

iii) El activismo judicial es aceptable, pero sólo en relación con los derechos civiles y políticos (i.e., proteger la libertad de expresión o asociación), y no –en cambio- frente a los derechos sociales y económicos (i.e., asegurar el derecho a la salud, o el acceso a una vivienda digna). Ello así, porque la protección de los primeros derechos “no cuesta nada” (i.e., “levantar” una orden de censura no implica incurrir en ningún “gasto”), pero en cambio el reaseguro de los derechos sociales y económicos es muy caro (i.e., ordenar la construcción de viviendas). Error. Primero, porque “todos los derechos cuestan dinero” (i.e., ¿cuánto cuesta asegurarle a todos un debido proceso judicial? ¿cuánto cuesta garantizarle a algunos el derecho de propiedad?) Segundo, porque si se trata de derechos básicos, la cuestión del costo siempre debería ser secundaria frente al carácter incondicional de los mismos (i.e., todos veríamos como escandaloso que se rechazara la construcción de rampas para que los discapacitados accedan a los tribunales porque “se perdería mucho dinero si comenzáramos a construir rampas en todos los edificios públicos”).

iv) Tales decisiones atentan contra la división de los poderes, porque es a los poderes políticos, y no a los jueces, a quienes le corresponde la toma de decisiones sobre cuestiones de asignación presupuestaria. Error. Dicha idea parte del supuesto equivocado de que nuestro país ha receptado un modelo de “separación estricta” de poderes. Sin embargo, la Argentina (como los Estados Unidos) ha rechazado explícitamente dicho modelo para adoptar uno de “frenos y contrapesos,” en donde cada rama del poder se encuentra —más que facultad— obligada a interferir parcialmente con las acciones de las restantes, a los fines de mantener vivo un sistema de “controles cruzados.”

v) Las decisiones del caso fueron anti-democráticas, dado que el Poder Judicial no cuenta con legitimidad suficiente para decidir cómo se deben asignar los fondos públicos. Error. A quienes alegaran dicho argumento habría que preguntarles, ante todo, cuál es la teoría de la democracia desde la cual se pronuncian. Muchos de ellos parten de una concepción elitista (que considera valiosa la apatía política) hoy muy difícil de defender públicamente. Por el contrario, quienes partimos de concepciones alternativas de la democracia (por caso, una idea de democracia basada en la deliberación colectiva) podemos considerar anti-democrática la actitud del Poder Judicial de arrogarse la facultad de decir la “última palabra” en materia constitucional, pero no que el mismo “fuerce a hablar” al poder político, o que tome decisiones compatibles con un obligado activismo legislativo (aquí, me refiero a la obligación incumplida del legislativo, de asegurar incondicionalmente la educación de todos los niños), u orientadas a preservar la posibilidad misma de que el diálogo democrático se mantenga en el tiempo.

Ante quienes hablan de la “enemistad” de los jueces intervinientes frente al poder político de la ciudad deberíamos reclamarles que nos demuestren que las decisiones del caso eran contrarias a derecho. La discusión anterior hace difícil, sin embargo, reconocer cuál era el buen argumento existente para afirmar que los jueces del caso actuaron en contra de –y no sometidos a – sus obligaciones legales. Todos nos escandalizaríamos si un juez justificara la decisión de un jefe de gobierno de no celebrar elecciones. Nos escandalizaríamos tanto por la acción de dicho gobernador (que, en dicho caso, habría actuado como si las elecciones dependieran de su voluntad discrecional), como por la omisión del juez (que de tal modo convalidaría la violación de un derecho fundamentalísimo). ¿Por qué no reaccionamos del mismo modo cuando lo que está en juego es otro derecho fundamentalísimo –el derecho a la educación- pero, en este caso, el de los más pobres? ¿Será que estamos actuando, entonces, a partir de prejuicios y no de razones?


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