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Contra la televisión

21 12 2005 - 13:41

Está la televisión. Después están los que critican a la televisión. Pero lo más grave es lo que viene después, que son los que critican a los que critican a la televisión. Ésos, ésos son los prescindibles. Y sobre ellos me quisiera detener. Lo notable es que las críticas de los críticos sean tan diversas y a la vez tan pobres. Eso enoja. Pero lo que más enoja es el tono, ese aire con que los críticos de los críticos llevan adelante sus críticas. Porque claro, presumen, el que critica a la televisión debe ser alguien con pretensiones de intelectual de izquierda, que seguramente quiere que la televisión se divida entre las veladas de gala y los debates de la Asamblea del Bajo Flores. El problema que no entienden los críticos de los críticos –el primero de los problemas que no entienden- es que cuando defienden a la televisión no defienden al gusto popular, que para ellos –se ríen- se escapa como pez de entre los dedos del crítico. El problema es que defendiendo lo que defienden defienden, como lo hacen siempre, no al gusto popular sino a los intereses de nuestros opacos capitalistejos de turno. Todavía peor. Los críticos de los críticos no son capaces de tomarse un par de minutos para pensar si lo que dicen encaja de algún modo –de algún modo- con nuestros compromisos más elementales sobre la libertad de expresión, tal como los fija la Constitución. Y no es que uno quiera involucrar a la Constitución en cada problema que surge. Pero tampoco lo contrario. Es decir, ir por la vida como si la muchacha no existiera. Por eso, quisiera empezar por acá, por la Constitución. Para ver si los tipos estos al menos se pueden llamar a silencio un par de minutos.

A pesar de los deseos inconfensables de algunos (deseos que una mayoría de jueces suelen satisfacer, identificados y complacientes con tales algunos), la Constitución no es muda ni boba sobre los principales temas de interés público. Más bien todo lo contrario: es justamente en estos temas de interés público (como el de la televisión y los límites de la libertad de expresión) donde más habla y más cosas tiene para decir. Quisiera, por eso, decir al menos unas poquitas cosas al respecto.

La Constitución, lo sabemos todos, defiende una amplia libertad de expresión, y rechaza la censura estatal. Pero el problema empieza ahora: ¿se respeta o se viola la libertad de expresión cuando, pongamos, se acercan las elecciones y (exagero el ejemplo) sólo un partido tiene acceso real a los medios de comunicación, dado que es el único que puede afrontar la compra de algunos minutos televisivos? ¿Y se respeta la libertad de expresión cuando aquél usa la televisión para insultar, digamos, a la comunidad judía o a los quinteros bolivianos? ¿Y se respeta cuando este otro revela en cámara el plan de guerra que acaba de firmar el ministro de defensa con su par norteamericano? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta obvia, pero todas ellas apuntan en una misma dirección: la necesidad de interpretar (de ponernos de acuerdo sobre el sentido concreto de) esas escuetas frases que tiene la Constitución sobre el significado de la libertad de expresión.

Criterios interpretativos hay muchos, y muchos muy malos. Aquí voy a proponer uno, derivado de un famoso caso extranjero (New York Times v. Sullivan) que nuestros jueces retomaron en cantidad de oportunidades (menos cuando era realmente necesario recurrir a él). En dicho caso, los jueces dijeron que iban a interpretar la idea de libertad de expresión a la luz de un “profundo compromiso nacional con la idea de un debate público amplio, robusto y desinhibido.” El criterio podía ser bueno o malo (para mí es excelente, aunque debiera ser explicado y defendido con mucho mayor detalle que el que el espacio me permite), pero lo cierto es que fue retomado por la doctrina local y extranjera infinidad de veces, hasta convertir al caso en cuestión en “caso modelo” acerca de cómo decidir en la materia.

Aceptemos, por el momento, el criterio del “debate robusto.” Si ése fuera el (primer) parámetro con el que evaluar el estado de la libertad de expresión en nuestro país (es decir, si la pregunta relevante fuera: ¿los arreglos institucionales actualmente vigentes contribuyen a, o socavan, la posibilidad de contar con un debate público más robusto?), entonces los críticos de los críticos ya tendrían un problema. Cuando dicen lo que dicen (pongamos, cuando dicen que “si a la gente le gusta mirar la novela y al bobo aquél, y así todo el día, entonces dejémoslos tranquilos y permitámosles que vean lo que realmente quieren ver”), entonces están haciendo algo más que decir una zoncera, que es proponiendo un criterio que se lleva a las golpes con la Constitución. Están proponiendo un criterio que la Constitución rechaza que directamente prohíbe. Eso es violar la libertad de expresión, y no pronunciarse contra eso.

Así, violamos la Constitución, en lugar de respetar alguna libertad protegida por ella, cuando permitimos que el candidato X hable 100 veces más que el resto, por contar con 100 veces más recursos que todos ellos. La violamos cuando dejamos que la programación televisiva se vacíe de contenido público, se amarillice, se llene de lenguaje sexista y racista. La violamos cuando dejamos que el criterio que ponga orden en la materia no sea el del interés colectivo, sino el del interés particular de algunos –por ejemplo, el de los avisadores.

Otra vez, alguien podría decir –es lo que suele decir la gente linda, con caras de populistas ingenuos pero a la vez indignados–“pero dejen a la Constitución tranquila, qué tiene que ver el derecho con todo esto.” Pues muy bien, a éstos habría que decirles, entonces, “yo voy a entrar en su canal de televisión y me voy a poner a gritar en cámara lo que pienso de usted y su familia, y después me voy a ir hasta su radio, para arrancarle el micrófono al que está defendiendo que les peguen también a los conocidos de los amigos de los cartoneros, y voy decir al aire lo que pienso de su locutor. A ver si ahora el derecho y la propiedad y la Constitución y la Virgen desatanudos aparecen o no.” Quiero decir, en cada problema público de relevancia, un poquito antes, un poquito después, la Constitución siempre está y siempre tiene algo que decir. Lo que no se puede hacer es lo que hace la gente linda, es decir, pegarle para que hable en algunos casos, y amordazarla después en otros casos.

Acá es cuando se enojan algunos, y vienen con el premio Nóbel a la insensatez, para hablarnos de la soberanía del consumidor, del respeto a los individuos, del valor de los derechos, y de la libertad de elección de no sé quién. El yerro es compuesto y viene de varios costados. Ante todo (aunque no voy a poner mucho énfasis en este punto), hablar de soberanía del consumidor después de haberlo educado durante años en lo contrario a la soberanía, es un poco molesto –sino deshonesto e indignante, teniendo en cuenta lo que los sicólogos sociales llaman la “formación endógena de preferencias” (vaya de paso, cuestión contra la que escribió Amartya Sen, y por la cual se hizo acreedor del premio Nóbel de economía. Decía Sen, que los pobres de la India trabajen en condiciones de esclavitud y sonrían frente a ello no puede tomarse como dato limpio sobre sus preferencias).

Por otro lado, la idea según la cual la inacción estatal es sinónimo del respeto de la soberanía del consumidor es, cuanto menos, curiosa en nuestro contexto. Sabemos de cantidad de programas periodísticos y muestras artísticas que fueron levantadas, aparentemente, en contra de la voluntad de los consumidores, simplemente porque los avisadores de turno entendieron que los contenidos de las mismas eran inadmisibles de acuerdo con sus elevadísimos estándares.

Si queremos tomarnos en serio la soberanía del consumidor deberíamos prestar atención, entonces, a la programación que consistentemente predomina en nuestras pantallas, y a la que, como contracara, sistemáticamente resulta excluida. Resulta claro, si con la curiosa idea de respeto que tienen los algunos de siempre, la programación se quiere armar –como se nos dice según los criterios populares, entonces ya no por azar sino por definición van a quedar fuera de la misma los puntos de vista disidentes y no-populares. Tales ideas y puntos de vista no van a ingresar en nuestras pantallas, justamente, por no ser suficientemente populares. Tales puntos de vista parecen no tener la dignidad suficiente como para merecer un acceso digno al espacio público. Caramba. Esto parece tan común pero es, a la vez, justo justo lo contrario de lo que pide la Constitución.

Leo algunas estadísticas provenientes de los Estados Unidos, donde al menos hay estadísticas. Dicen que en los últimos años el promedio de discurso político ininterrumpido, por televisión cayó de 42 a 9 segundos. Es decir, que si el discurso en cuestión dura más de 10 segundos, difícilmente llegue a alguna de las cadenas principales. Leo también que la cantidad de actos violentos, por hora, en los programas para niños, pasó de 18 a 26. ¿Pertenece esto al ámbito de la neutralidad? ¿Respetar tales resultados es un modo de respetar la soberanía del pueblo, y en particular la soberanía de los niños?

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Lo dicho nos lleva a un tema central en todo este análisis. Y es que cuando se nos pide que no actuemos –que no le exijamos al Estado que actúe- se nos está pidiendo, en definitiva, que respetemos un statu quo que hemos hecho poco por moldear –un statu quo que es, por un lado, producto de previas (y equivocadas) concesiones del Estado (es decir, que no es resultado de las opciones de Dios, el libre mercado y el estado de naturaleza); que tiene mucho que ver con obvias presiones y grandes cantidades de dinero (que aparecen –hablo del dinero limpio, no del otro- antes, durante y después de cada proceso de entrega de licencias); y que sólo se relaciona de modo muy marginal con los deseos de la ciudadanía.

El crítico del crítico, que cree tener una respuesta bien popular para todo, podrá replicar diciéndonos: “mire, usted diga lo que quiera, pero al programa de fulanito lo miraron 10 millones de personas, y al de zulemito otras 8 millones.” El crítico del crítico ya cansa. No sólo porque se desinteresa por completo de lo ya marcado arriba (el tema de la formación endógena de las preferencias), sino porque, otra vez, escupe números inútilmente, como si ello sirviera para sostener de algún modo su pretensión de fondo. Cansa, ante todo, porque puede ocurrir –no es obvio, pero ocurre frecuentemente- que la gente mire desesperada un cierto espectáculo, pero a la vez considere que el mismo no debe formar parte central de la programación que se le ofrece. Esto es, recuerdo, y sólo para poner un ejemplo, lo que pasó en los días del affaire Clinton. La gente no se perdía un detalle cuando se trataba de saber hasta dónde había llegado el habano, pero al mismo tiempo afirmaba, por amplia mayoría, luego de ser preguntada al respecto, que la televisión debía ser respetuosa de la intimidad del presidente. ¿Es que la ciudadanía era esquizofrénica? ¿Es que era simplemente hipócrita? No creo, porque además las encuestas del caso eran anónimas. Y es que, en realidad, parece totalmente coherente pedir ambas cosas: la gente puede mirar una y mil veces, fascinada, el accidente de Niki Lauda, y a la vez exigir que las pistas sean cada vez más seguras. ¿Hay alguna locura o hipocresía en esa doble actitud? Finalmente, de lo que se trata es de distinguir entre mercado y democracia, entre preferencias de consumo y votos. Lástima que algunos todavía insistan en transformar a la democracia en (su idea del) mercado (y más lástima todavía que tengan tanto éxito en ello).

La otra respuesta insoportablemente habitual es la que dice: “bueno, pero qué tanto lío, ahora hay miles de canales de cable, dejen que la gente mire lo que quiera. Si alguien quiere tener noticias todo el día, ahí las tiene.” La respuesta es insoportable, primero, por lo elitista, al asumir que todo el país tiene acceso a servicios de cable, lo cual está lejos de ser cierto (yo no tengo, por ejemplo). Pero eso no es lo más insoportable. Lo peor es que tal respuesta se desentiende, otra vez, de las exigencias constitucionales en materia de libertad de expresión. Y el punto es que poco importa que 10 millones de personas hayan mirado el programa tal, o que en algún canal perdido se toquen cuestiones de interés público las 24 horas del día. El punto es el siguiente: si millones de personas quieren la reelección de juancito o de carlito, pero la Constitución dice que no, no me invoquen más a esos millones de personas hasta que no me cambien la Constitución. Y si la Constitución pide que se asegure un debate público robusto, no me pidan que me quede tranquilo con el hecho de que el canal 26 pase todo el día noticias. Si entonces se me pide que no moleste, se me pide que me calle mientras otro viola la Constitución. Y no veo por qué haya que hacerlo.

¿Quiere decir esto que el Estado tiene que convertirse en el Estado soviético de no sé cuándo, y pasar a controlarlo todo, enseñándonos qué tenemos que mirar y a qué hora? Por supuesto que no. Ésta es otra simplificación tan común y tan atolondrada que aburre contestarla. Lo cierto es que el Estado tiene miles de alternativas frente a sí, antes de convertirse en el Estado censor. Porque, y sólo para comenzar, si uno defiende el criterio del “debate robusto,” ello no significa que uno esté comprometido, de antemano, con un diseño particular de la política televisiva. Si la privatización de todos los canales favoreciera el objetivo del “debate robusto” –algo que habitualmente no ocurre– entonces habría que darle la bienvenida a dicha propuesta; y si la estatización de todos los canales perjudicara tal ideal, entonces habría que archivar tal posibilidad. El primer “error” de nuestros capitalistejos es el de pensar que el control total del Estado implica obviamente el fin de la libertad de expresión (lo que puede ocurrir, o no). Y el otro “error,” que es contracara del anterior, es el de pensar que una situación de multiplicidad de dueños (pongamos, cuatro propietarios en lugar del Estado controlando todos los canales de alcance nacional) equivale a una situación de multiplicidad de ideas. Como si tales objetivos tuvieran algo –algo– que ver entre sí (pongámosle nombre y apellido a esos dueños reales, si queremos hacer la prueba). Contra lo que sugieren tales maniqueísmos, el Estado podría optar por cantidad de caminos alternativos: otorgar subsidios a ciertas voces; respaldar emprendimientos cooperativos y comunales; entregar licencias a partir de criterios distintos al del dinero; establecer, como en otros países, un sistema de puntos conforme al cumplimiento de pautas mínimas de respeto por la diversidad y el debate público; crear una comisión pluralista e imparcial destinada a evaluar la calidad de la programación; tratar de reducir la influencia del dinero en el diseño de las ofertas televisivas diarias. Alternativas (tantas, que debieran ser examinadas por separado) no faltan. Lo que falta son otras cosas. Y ya que estamos, democracia.


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