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Todo lo que usted quería saber sobre el Consejo de la Magistratura

20 01 2006 - 12:36

En estos días, el gobierno nacional impulsa con una fuerza sorprendente y un apuro inusitado, un proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura por el cual pretende reducir su cantidad de miembros e impulsar algunos cambios en su funcionamiento.

El debate sobre este proyecto se ha visto raleado de todo contenido sustancial, más allá de las afirmaciones grandilocuentes, de uno y otro lado. Puesta esta discusión un poco más en contexto, el gobierno debería poder explicar mejor cuál es su agenda judicial y en qué modelo de justicia se enmarca esta propuesta de reforma. En este punto es donde aparece su mayor debilidad y, por lo pronto, su falta de consistencia. No es casual que nadie se haya preguntado por qué no se vio al ministro de justicia explicar en estos días dónde se inserta este proyecto en su plan de gobierno. ¿Existe ese plan?

Lejos de una mirada totalizadora que descalifique cualquier estrategia de cambio parcial, lo importante es que esta reforma impacta como una vuelta atrás respecto del proceso de renovación de la Corte Suprema y difícilmente pueda traducirse en la apertura de oportunidades para un cambio más profundo.

Partimos de la base de que es necesario impulsar una profunda reforma del sistema de justicia, en casi todos sus aspectos. La justicia hoy no ayuda a los mas desaventajados, quienes no tienen posibilidad efectiva de acceder a los tribunales, ya sea por las distancias económicas, físicas o culturales que hoy existen o porque no confían en sus resultados, o porque incluso desconocen que pueden recurrir a un juez; en relación con el perfil de los jueces que lo integran, porque hasta el momento nuestra judicatura ha sido mayormente conservadora, elitista y autoritaria; y en relación con los procedimientos, porque gracias a nuestros padres españoles, hoy son burocráticos hasta la exasperación, y para todo te piden papel romaní marginado con firma, sello y copia.

Este proyecto no sólo no avanza correctamente sobre ninguno de estos puntos, sino que además aporta confusión sobre una institución que no se entiende muy bien para qué sirve.

Sobre Qué es y Qué hace el Consejo de la Magistratura y De qué se trata el proyecto de reforma impulsado por el Gobierno

Con poco de teoría constitucional de verano se pueden entender mejor los alcances del proyecto. Hasta 1994 nuestro país mantuvo su tradición americana por la cual a los jueces los elegía el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. A su vez, la remoción la hacía el Congreso a través del juicio político. Ello sobre la base de que en nuestro sistema, los jueces no sólo aplican la ley sino que la pueden invalidar si la consideran inconstitucional. Por lo tanto el control institucional cruzado lo deben tener los otros dos poderes al seleccionar y remover a los jueces. En Estados Unidos este sistema parece funcionar de una manera razonable. Acá funcionó bien mal.

La introducción del Consejo de la Magistratura —integrado equilibradamente con otros sectores distintos al político— en nuestro sistema institucional limitó las facultades del poder político en la selección y remoción de jueces. Se agregaron a los procedimientos los sectores de los jueces, de abogados y académicos. Ése fue su objetivo principal luego de la experiencia de la servilleta de la década del 90. Parece haber consenso en que este sistema de designación de jueces resultó mejor que el anterior. El problema de los jueces bochornosos (tuvimos de los que ni sabían escribir sentencias) elegidos por mero “amiguismo” se superó, ya que ahora tienen que pasar por un filtro que es el examen de oposición. Obviamente que el sistema no es perfecto y que pueden darse casos de favores cruzados entre los consejeros, como se ha denunciado en alguna oportunidad.

Sin embargo, las funciones del Consejo no son sólo éstas. La idea de los constituyentes de 1994 fue mejorar el sistema de selección y remoción de magistrados y además sacar de la Corte Suprema las funciones de gestión judicial para que se dedicara exclusivamente a dictar sentencias en temas de trascendencia institucional. Para ello, dispuso que el Consejo, con su múltiple conformación, se avocara a muchos de estos temas. Tareas de gestión que estuvieron tradicionalmente en manos de los jueces y que han sido un indicador bastante certero del alto grado de corporativismo con el que funciona el Poder Judicial. Por ejemplo, bajo el argumento de tener que crear las condiciones para impartir una justicia independiente, por reglamentos propios (firmados por Nazareno, Moliné O’ Connor, y el resto) los jueces supremos decidieron no pagar impuesto a las ganancias, ni mostrar sus declaraciones juradas patrimoniales.

Ahora bien, más allá de las loables pretensiones de los constituyentes, el Consejo de la Magistratura durante todos estos años funcionó bastante mal. Esto es, no fue capaz de instalar y llevar a cabo reformas judiciales sustanciales que ayudaran a revertir la crisis de legitimidad de la justicia argentina ni tampoco se ocupó de cosas más profanas como la ampliación del horario de los juzgados, su descentralización, ni equipamiento. A grandes rasgos, el Consejo no trabajó para que la justicia esté al servicio de los que menos tienen, ni tuvo como objetivo ir despojando de privilegios a la familia judicial.

Mucho peor: no conformó una judicatura democrática. Las ternas que elevó al Ejecutivo tuvieron el mismo perfil de juez al que tradicionalmente estamos acostumbrados: no hay pluralismo ideológico en las nuevas designaciones (peor: se sigue declamando por un derecho sin ideología que debe ser conocido y aplicado asépticamente por el juez), y salvo honrosas excepciones, los jueces o juezas que designaron van a seguir haciendo lo que hacían aquellos a quienes vienen a remplazar.

Las sanciones disciplinarias y el control del funcionamiento de la justicia brillaron por su ausencia. Y las destituciones sólo se llevaron a cabo en determinados casos donde ya no quedaba otra alternativa (donde sí quedaba, se mandó el expediente a la comisión de disciplina para que estudiara cómo hacían para no sancionarlo).

Y encima, el Consejo tiene un presupuesto interesante, los consejeros nombraron demasiados asesores (quienes además tenían otros trabajos) se reunieron poco y resolvieron menos.

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Esta es la situación actual del Consejo y ello es responsabilidad de todos los sectores, por el modo cómo se entrecruzaron los intereses y las decisiones durante estos años de funcionamiento y por el modo cómo fueron armando su aparato burocrático, que reprodujo lo peor de los dos mundos (los vicios parlamentarios con las comisiones, los dictámenes de mayoría, de minoría, el quórum, etc. y los judiciales, con el formalismo exacerbado, los expedientes, las hojas membretadas, los sellos, las firmas, los biblioratos, y muchos etcéteras). Claro, con algunas excepciones como las de Marcela Rodríguez, diputada representante del sector político minoritario y la de Beinusz Szmuckler, representante de la minoría del sector de los abogados, que se preocuparon por dar batallas sustanciales.

El proyecto de ley en discusión no parece enfrentar verdaderamente estos problemas y, en muchos casos, no podría hacerse simplemente con una ley. Sin embargo, desde el oficialismo se lo defiende con tres argumentos básicos: lograr mayor eficiencia, romper el corporativismo y dar un mayor peso político al Consejo. Todas estas razones son entendibles pero resultan alejadas de las consecuencias prácticas que tendrá la modificación.Por ejemplo, para mejorar la eficiencia, no resulta necesaria una reforma legal. El Consejo puede, por medio de una resolución, limitar la cantidad de asesores de cada uno de los consejeros, reducir la planta estable, establecer que los asesores tengan dedicación exclusiva, hacer reuniones con mayor frecuencia, etcétera. Estos problemas no se solucionan legalmente, sino con un cambio en las lógicas de funcionamiento.

Tal como está planteada, la salida de la reducción de miembros parece una solución “mágica”. Otro de los argumentos de los senadores (oficialistas) es que habría que reducir la cantidad de miembros ya que al ser un cuerpo colegiado, las discusiones se hacen muy largas, y entonces con menos miembros (y más homogéneos) estos debates no serán tan extensos. El problema de este argumento es que no confía en la deliberación. No confiar en la deliberación es una posición elitista que cree que sólo algunos iluminados tienen la verdad y que no pueden equivocarse. Hacer más cortas las discusiones no es un argumento a favor, sino en contra de la reforma. Por el contrario, la reducción de miembros logra (parecería que es una especie de “daño colateral”) que el oficialismo tenga un mayor control en las decisiones del Consejo. De los 20 consejeros totales, en la actualidad el oficialismo tiene 5 (2 diputados, 2 senadores y 1 por el Poder Ejecutivo). Con la reforma el oficialismo mantendrá los 5, pero ahora, respecto de un total de 13. Eso, claramente, le dará mayor incidencia en las decisiones del Consejo.

El otro gran argumento para la reforma de la ley del Consejo es que se quiere combatir el corporativismo. Sin embargo, el proyecto parece ir en la línea contraria. Ya en el ámbito de su participación en el Consejo los jueces (con la aquiescencia de algunos grupos de abogados y de algunos representantes políticos) se opusieron a casi cualquier cambio que les hiciera perder sus “privilegios” (secreto de sus declaraciones juradas, no pago del impuesto a las ganancias, etcétera) y propusieron reformas que pretenden impedir la prosecución de las acusaciones (por ejemplo un plazo de caducidad de dos años a las investigaciones contra los magistrados). A su vez, casi no aprobaron ninguna sanción disciplinaria. En este contexto, la reforma devuelve mayores poderes a la corporación judicial.

El proyecto del oficialismo define las históricas disputas libradas entre el Consejo y la Corte, en favor de esta última. Mantiene la elaboración del presupuesto en manos de la Corte (como también lo establece la ley de autarquía del poder judicial, de 1990, modificada por un decreto de necesidad y urgencia del 2005). Mantiene las facultades disciplinarias de los empleados también en manos de la Corte y de las Cámaras inferiores. Y además deroga lo resuelto por la ley 25.876 y le devuelve las facultades de superintendencia, es decir, las estratégicas facultades reglamentarias. Sin dudas, esto responde a otro modelo: la administración del Poder Judicial en manos del Poder Judicial, y la designación y remoción de jueces en manos de los políticos. Era lo que había antes del ‘94. Asimismo, en la última versión aprobada por el Senado se establece un plazo de caducidad de tres años para las denuncias contra los jueces. Éste es un reclamo corporativo de los jueces, que confían más en la ineficiencia de las investigaciones que en la inocencia de los magistrados ante una acusación o falta disciplinaria. Está claro que esto no es luchar contra las corporaciones.

Finalmente, la tercera línea argumentativa es darle mayor peso político al Consejo. Se dice que en la actualidad el Consejo no responde a lo que piensa la ciudadanía, que se refleja en el voto popular. Y que por ello, la reducción de miembros va a hacer que el Consejo tenga más peso político, y que el órgano responda de mejor manera a las demandas sociales.

Éste es un argumento que va demasiado rápido, pero que tiene algo de razón. Va demasiado rápido porque no creemos que con más políticos —sin más— se respondan las demandas sociales. Aún hay problemas de comunicación entre representante/representado. Sin embargo, decimos que tiene algo de razón porque la legitimidad del poder judicial siempre fue un asunto complicado. Si no tuvieran vinculación con el pueblo, cómo es posible que los jueces puedan decir —con la última palabra en el caso— que determinada ley hecha por el Congreso (que es el órgano por excelencia para ser la voz del pueblo) está mal y que no debe regir. Sobretodo cuando habíamos dicho que íbamos a adoptar un sistema democrático, que significa —cuanto menos— que las decisiones se toman (después de la deliberación) por mayoría, y no por personas con mandatos de por vida sin legitimidad popular. Pero, por otro lado, si los jueces están para controlar a los poderes políticos, y fallar aún en contra de lo que quieran las mayorías, no deberían tener vinculación con estas mayorías. Lo que importa en este punto es que muchos sistemas han intentado sortear parte de este problema dando al poder político la capacidad de elegir a los jueces. Por todo esto, y algunas cosas más, es que parece acertado sostener que los políticos tienen que tener incidencia en la conformación de la magistratura y en las políticas judiciales que se adopten. Por lo cual resulta correcto decir que el Consejo de la Magistratura tiene que tener un fuerte contenido político. Pero esto no significa que se esté hablando puramente de un partido en especial, ni únicamente de aquellos que fueron elegidos por el voto popular. La eliminación de las distintas minorías empobrece el debate político que pueda darse en el ámbito del Consejo, ya sea de la minoría parlamentaria o de los abogados o jueces. No sólo los políticos hacen política y en algunos aspectos de la política judicial parece adecuado que participen otras expresiones además de las parlamentarias. Aunque, en definitiva, las líneas políticas principales estarán siempre determinadas por el Congreso a través de las leyes y por el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. En definitiva, por decisión constitucional, el Consejo de la Magistratura tiene una legitimidad distinta de la de los representantes. Para bien o mal, se entendió que la política judicial y la gestión y administración de la justicia no debía depender exclusivamente de las mayorías momentáneas, sino de actores políticos en equilibrio con jueces, abogados y académicos. Eso es lo que dice el artículo de la Constitución.

Y aquí se llega, por fin, al punto principal de la discusión. Parece que el proyecto lo que pretende es reducir las instancias de debate (¿o de negociación política?) y no, justamente, fortalecerlas, ya que históricamente los temas de la justicia fueron definidos o pactados por el sector político dominante, con la corporación judicial. Esto no fortalece la democracia, sino que la debilita. Y, además, parece también que este proyecto está desvinculado de cualquier plan de reforma judicial con pretensiones serias de torcer la dinámica tradicional de nuestros tribunales, sino que resulta más de la visión que hasta ahora impera, y es la que hay que cambiar.


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