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Democracia, ma non troppo

2 03 2006 - 18:48

Se ha escrito mucho sobre el contenido de la reciente ley de reformas al Consejo de la Magistratura. Aquí quisiera hacer referencia, en cambio, al procedimiento mediante el cual se aprobó dicha reforma y, sobre todo, a lo que dicho procedimiento nos dice acerca de la concepción de la democracia a partir de la cual actúa el gobierno K. Ocurre que la norma recientemente sancionada es muy reveladora sobre un modo particular de pensar y ejercer la democracia.

Como todos sabemos, desde el primer día, el presidente y sus funcionarios en la legislatura manifestaron que no tenían interés en cambiar “una sola coma” de la iniciativa del Ejecutivo. Esta sola definición –clave del accionar del gobierno en ésta y otras materias- nos dice mucho sobre el grado de confianza de nuestros gobernantes en las virtudes del debate democrático. La idea no fue, en ningún momento, la de abrirse a la discusión pública, para aprender a partir del debate, corregir lo que hubiera que corregir, y consensuar aquellos aspectos en donde hubiera posiciones de principio más distantes. Ello hubiera sido (más que deseable) exigible, frente a una reforma tan polémica —a la vez que crucial para la preservación del sistema de “frenos y contrapesos”— y frente a una historia marcada por la comisión de graves errores en la materia. Por el contrario, y desde el comienzo, el gobierno mostró un burlón desprecio por la concepción que ve a la democracia como debate público, tornando evidente que para él la democracia no requiere de razones, sino simplemente de un mayor número de votos. La muestra más clara al respecto se dio dentro del foro legislativo, donde la estrategia gubernamental fue la de dejar hablar, hablar y hablar a quienes se le oponían, para luego imponer la fuerza de la mayoría propia.

En las exposiciones que se escucharon dentro del recinto —tanto como fuera de él— hubo brillantes críticas al proyecto del Ejecutivo (y no recuerdo buenas defensas del mismo), que se dejaron simplemente caer en el vacío, como si no hubieran existido jamás. Es decir, en las palabras y en los actos, el gobierno demostró, una vez más, la visión de la democracia en la que implícitamente se apoya: una visión elitista, que en los hechos desalienta el activismo cívico; donde el gobierno y las grandes corporaciones procuran arreglar cotidianamente los destinos de todos; y donde el voto periódico agota todas las posibilidades formales de la intervención colectiva en política.

Dentro de una visión de la democracia como la mencionada, el intercambio de razones dirigidas a convencer al otro sale sobrando, es un lujo innecesario frente a lo realmente importante, que es el sumar votos, sin importar en absoluto las razones en las que tales votos se apoyen. Esta actitud termina de definir el perfil del modo en que este gobierno, como una mayoría de los anteriores, piensa la democracia.

Aquí, el intercambio de votos por favores ya no se esconde, no forma parte del ámbito del escándalo y la vergüenza, sino de lo natural, la normalidad que constituye la esencia de la vida pública argentina. Y no hablo aquí de entregas de dinero hechas a las escondidas, que tal vez no sean materia ajena a la política local, sino del intercambio de votos por obras o subsidios de algún otro tipo. Este intercambio se hace a la luz del día y a los ojos de todos porque, según se nos quiere hacer entender, “de eso se trata hacer política.” La deliberación, por tanto, es un juego para los ingenuos que quieran jugar al Parlamento, un divertimiento para los intelectuales, una aspiración de los teóricos que, obviamente, no tiene ni puede tener vínculo alguno con la realidad. La política es otra cosa. Esta “otra cosa,” cabe ratificarlo, no tiene que ver con un actuar azaroso, sino con una manera particular de entender los fundamentos de nuestros sistema político: otra vez, una visión en los hechos excluyente sobre lo que significa democracia.

Para los muchos políticos e intelectuales que defienden este restrictivo punto de vista sobre la democracia, la decisión tomada en el caso de la Magistratura, no sólo no es impugnable sino que, por el contrario, representa un “pico” extraordinario de democracia, una muestra cabal de la devoción que tiene el gobierno por la voluntad del pueblo. Dado que, de acuerdo con esta visión, “democracia” es equivalente a “votos,” y aquí hubo “muchos votos,” entonces, se concluye, la reforma del Consejo de la Magistratura fue una decisión “muy democrática.”

Contra lo que sugiere esta postura, otros consideramos que si una decisión no ha sido debatida genuinamente –es decir, con una sensata apertura a aprender de los demás, una disposición a cambiar de postura basada en la certeza de que uno puede estar equivocado en lo que dice- la decisión del caso queda viciada, pero no sólo en cuanto a su legitimidad, sino incluso en cuanto a su legalidad democrática. Tribunales constitucionales que hacen un esfuerzo por justificar sus decisiones a partir de este tipo de nociones más robustas sobre el significado de la democracia, evalúan la validez de las leyes teniendo en cuenta no sólo su ajuste a la letra de la Constitución (letra que en este caso tampoco se ha respetado), sino sobre todo teniendo en cuenta su calidad, en cuanto producto del debate democrático.

Por citar sólo un caso, y para no ir más lejos: recientemente, la Corte Constitucional Colombiana supo descalificar la crucial ley anti-terrorista que propiciaba el gobierno, dado que no se habían dado razones públicas del intempestivo cambio de opinión en el voto de algunos de los legisladores que habían apoyado la iniciativa presidencial. La Corte, correctamente, supo marcar que no bastaba, para convertir a la decisión en una decisión democrática, con mostrar una cantidad abrumadora de votos. Los votos debían estar apoyados en razones públicas, y ser respaldadas por un debate efectivo, mientras que aquí las razones (del cambio de opinión de los legisladores) no estaban claras, y el debate parlamentario había sido una fachada de un debate real. Es decir, los jueces se mostraban abiertos a entender y validar las iniciativas del poder político en materia anti-terrorista, a partir de la mayor legitimidad democrática del Parlamento, pero no estaban dispuestos a validar una decisión tomada de cualquier manera. Lúcidamente, la Corte supo ubicarse entre los dos erróneos polos entre los que nos movemos habitualmente, al pensar en términos de teoría democrática: sostener que una decisión deja de ser democrática cuando no nos gusta, o considerarla democrática sólo porque se encuentra respaldada por muchas manos levantadas al mismo tiempo.


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