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Carcelarias

12 04 2006 - 12:02

Hay un punto, me parece, en que la retórica dominante en materia de derechos humanos nos lleva al error. Uno tiende a sumarse a tal prédica para condenar a quienes han cometido violaciones masivas a los derechos de las personas. Del mismo modo, hay razones para insistir –al compás de dicho discurso– en la idea de juicio y castigo a los culpables. Asimismo, se justifica sin dudas el repudio a los insultantes privilegios de los que han gozado o siguen gozando los militares a cargo de la represión ilegal. En tal sentido, merecen toda nuestra crítica las leyes de punto final y obediencia debida, o los indultos a los procesados y condenados por su actuación durante el Proceso. Este amplio nivel de acuerdos, sin embargo, no debe llevarnos –como suele ocurrir– a defender la institución de la cárcel como expresión “natural” del reproche estatal. Me parece, sin embargo, que quedamos atrapados habitualmente en la defensa de dicha conclusión ilógica e inaceptable, a partir de la razonable angustia que nos generan injusticias y desigualdades de trato como las citadas. Pero una cosa no tiene por qué llevarnos a la otra.

Podemos pedir juicio y castigo, podemos pedir las peores condenas para los responsables del genocidio, pero ello no debe convertirnos, inesperadamente, en implícitos defensores de la institución carcelaria. La idea de la cárcel es uno de los tantos rezagos de irracionalidad que nos han quedado de otra época –una muestra más de la brutalidad y falta de imaginación con la que pensamos y seguimos concibiendo las instituciones básicas de la sociedad. Y lo peor es que, en nuestro error, ni siquiera hemos reservado la cárcel para los peores criminales –los genocidas. Ni siquiera eso. La cárcel sigue siendo hoy el destino que, a la hora de ejercer nuestro reproche social, obstinada e irreflexivamente, reservamos para los miembros más indefensos de la sociedad –indefensos, digo, por la incapacidad que suelen tener los mismos para articular razones que les permitan escapar del destino que les reservamos. Así, una institución indefendible es puesta al servicio de políticas públicas también indefendibles. Y no hay razones que justifiquen que esto siga ocurriendo.

En la operación (i)lógica que nos conduce a la defensa de la cárcel, cometemos varios errores de razonamiento, olvidando o salteando premisas intermedias, a partir de una inexplicable premura por llegar a una conclusión justificadora de la privación de la libertad. Consideramos, en primer lugar, que la única respuesta sensata del Estado, frente a la aparición de conductas que rechaza, es la de recurrir a su aparato coercitivo para ejercer un reproche. Confundimos, después, el sensato reclamo según el cual, en ocasiones, el Estado debe reprochar la conducta de ciertos individuos, con la idea de que ese reproche debe ser penal. Confundimos, más tarde, la idea del reproche penal –aceptable en ciertas ocasiones– con la idea de privación de la libertad. Y finalmente aceptamos, de hecho, que la privación de la libertad, comprensible en casos extremísimos, tome contornos como los que toma hoy en la Argentina. Actuamos, en definitiva, como si la única reacción estatal posible ante conductas repudiables fuera la del reproche; como si único reproche imaginable fuera el reproche penal; como si el único reproche penal posible fuera la privación de la libertad; y como si la única forma de privación de la libertad concebible fuera la que es propia de nuestras cárceles. Cada uno de estos pasos, sin embargo, encierra errores graves. Y sólo a partir de ellos puede explicarse que los tribunales desobedezcan cotidianamente a la Constitución, cuando se niegan a abrir o desafiar radicalmente a las cárceles, frente a una Constitución que en su art. 18 exige –de modo prístino, sin margen para la duda– que “las cárceles de la Nación” sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella”; una Constitución que proscribe los tormentos y a la vez determina que “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar [a los reos] más allá de lo que [la Constitución] exija, hará responsable al juez que la autorice.”

Lo cierto es, sin embargo, que frente a conductas que considera indeseables el Estado puede reaccionar de modos muy diferentes, que no implican necesariamente un reproche a alguna de las partes: campañas educativas; persuasión; políticas de acercamiento entre las partes enfrentadas; formas de mediación entre los reclamos contrapuestos. Los reproches que lleve adelante el Estado, en los casos más serios, tampoco necesitan ser los propios de nuestro mundo penal: el Estado puede, por ejemplo, promover formas de reparación o compensación desde los victimarios hacia las víctimas; como puede ordenar la realización de trabajos comunitarios, destinados al restablecimiento de los vínculos entre el condenado y la sociedad. En los casos todavía más graves, el Estado puede ejercer su reproche penal con formas que no incluyan la privación de la libertad: puede establecer penas pecuniarias; puede explorar las diversas formas de la libertad vigilada. Y, por supuesto, para los casos más extraordinarios e irreparables, el Estado está obligado a que la privación de la libertad satisfaga las pautas sobre-exigentes pero a la vez profundamente humanistas inscriptas ya en la vieja y más bien conservadora Constitución de 1853.

Creo que nuestro equivocado enfoque sobre la cuestión reconoce fuentes de origen diverso, algunas más fundamentales que otras. La naturaleza radicalmente individualista de nuestro derecho, y de nuestro derecho penal en particular, anuncia muchos de los problemas que luego “nos sorprenden” cuando prestamos atención al ejercicio de nuestra práctica penal. El carácter “adversarial” de nuestros procedimientos penales –que nos lleva, ante cada conflicto, a enfrentar al ofensor con el ofendido- ya nos anticipa todo lo que vendrá: dicho esquema nos dice que, ante cada crimen o violación de derechos, no estamos dispuestos a hacernos las preguntas más fundamentales sobre las condiciones sociales del delito (¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿qué para generar este tipo de criminalidad?); sobre las responsabilidades derivadas de las reglas que nos organizan (¿en qué situación dejamos a los miembros más desaventajados de la sociedad? ¿ayudan nuestras instituciones a promover la solidaridad o el egoísmo? ¿son ellas más favorables a generar comportamientos cooperativos o explotativos?); sobre las responsabilidades propias de aquellos que aplican u omiten poner en práctica nuestros pactos más básicos (¿están nuestros legisladores llevando a cabo los compromisos sociales de la Constitución? ¿se encuentran nuestros jueces poniendo en marcha los derechos de tipo económico incorporados en aquel texto?); sobre el peculiar diseño político que organiza nuestra vida en común (¿resultan nuestras instituciones más sensibles a las demandas populares o a la demanda de una minoría de lobbistas? ¿por qué razones?). Enfrentamos al acusador con el acusado como si el mundo se redujera a dos personas, como si el delito en cuestión los involucrara a ellos y sólo a ellos, como si se tratara de un asunto del que somos ajenos.

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La política penal dominante parte, por lo demás, de una psicología y una antropología social infundadas, que nos dice que las personas se mueven por impulsos egoístas, que realizan permanentes cálculos de costo-beneficio y que, por tanto, tenemos que apelar a tales impulsos y a tales cálculos a la hora de diseñar respuestas sociales racionales. Porque se toman dichos supuestos como punto de partida es que, luego, algunos alientan, en materia económica, la estrategia de la “zanahoria y el palo” (las ganancias infinitas y la amenaza trágica del desempleo) para ordenar a las personas en fila, para disciplinarlas en su trabajo, para hacerlas más productivas. Los mismos supuestos y la misma lógica rigen a nuestro derecho penal. Si queremos disuadir el delito de los secuestros, entonces la respuesta –se nos dice- es más “palo,” más penas para los secuestradores. Si queremos acabar con las violaciones, entonces –se nos dice- necesitamos fijar más penas para los violadores.

Está lógica insensata es la que desata la dinámica de irracionalidad propia de estos años; la dinámica del aumento indiscriminado de penas; la dinámica de la desproporcionalidad en las respuestas penales –finalmente, una política torpe, mal fundada, cruel, draconiana. Esta mirada sobre la naturaleza humana niega otra, más actual, más sensata, más humana, según la cual somos seres fundamentalmente movidos por sentimientos de “reciprocidad;” que tratamos a los demás según ellos nos traten a nosotros; que tendemos a responder al maltrato con maltrato, y a las actitudes genuinamente cooperativas con nuevas actitudes cooperativas. Esta mirada diferente, respaldada por cientos de estudios empíricos, muestra la estupidez de responder a la violencia con más violencia estatal, y explica el éxito de las políticas de contención del delito basadas en esfuerzos honestos de integración social — basadas en la preocupación real de las autoridades públicas por la suerte de quienes están peor. Pero no es ésta la mirada ni la actitud que predominan en nuestra comunidad: es más fácil y más rentable apelar a los sentimientos de venganza que anidan en cada víctima, haciendo llamados a la “mano dura.” Es más barato arrojar a los delincuentes en esos basurales de violencia que son nuestras cárceles. Es más cómodo abandonar a cada condenado a su suerte, luego de que éste cumple con su condena.

Además de individualistas e irracionales, las políticas penales predominantes son reduccionistas: del mismo modo en que reducen la complejidad de lo social a una pulseada entre un acusado y un acusador, ellas reducen la complejidad de la vida de un individuo a un solo acto: aquel vinculado con el delito que se le imputa. Se prescinde, entonces, de la diversidad de actos solidarios, amistosos, comprometidos o simplemente buenos que alguien haya podido hacer a lo largo de una vida rica y diversa. Esos actos no se premian, pero el error, aunque sea uno solo, se pagará caro. Un error (un error trágico, crudelísimo a veces) basta para definir una respuesta del Estado, que puede implicar el reproche más desmesurado –la pérdida de todas las libertades básicas– tal vez para el resto de la vida del acusado.

Las políticas dominantes no miran ni apelan a los buenos sentimientos. No apuntan, tampoco, a la conciencia del que se ha equivocado, tratando de persuadirlo, tratando de que advierta su falta y la remedie, o se convenza de la necesidad de abandonar el camino criminal en el que ha ingresado. Tales políticas no miran a la comunidad y su relación con el que ha delinquido. No tratan de reparar los puentes rotos, sino impedir que el que se ha equivocado vuelva a cruzarlos. No buscan construir comunidad: su lógica es la de la construcción de guetos, de countries y de cárceles. No procuran convencer a nadie: su lema es “por la fuerza, nunca por la razón.” No están interesadas en la reparación sino en la venganza: su insumo no es la generosidad sino el miedo. En este punto, ni las más sofisticadas teorías penales resultan atractivas. Algunas de ellas (“retributivistas”) miran obsesivamente al delincuente y sólo piensan en el mejor modo de reprocharle lo que ha hecho: olvidan, entonces, la responsabilidad de la sociedad en la generación del crimen, como olvidan el papel que le compete en la reparación del mismo. Otras teorías (“consecuencialistas”) sólo piensan en el delito y la necesidad de que el mismo no se repita: descuidan, entonces, el valor moral de convencer al delincuente y educar a la sociedad (¿para qué estos esfuerzos si, por ejemplo, la estrategia del miedo resulta menos costosa?).

Estamos, teóricamente, ahogados en doctrinas acostumbradas o resignadas a convivir con el delito y con la cárcel.¿Qué explicará, en definitiva, que luego de siglos sigamos equivocándonos una y otra vez? ¿Cómo entender que se sigan impulsando políticas que no sólo son injustas e inhumanas, sino que además son –y esto es lo que resulta más llamativo- irracionales respecto de los propios fines que ellas se fijan? ¿Cuántas veces más deberemos ver ratificada la idea de que la cárcel sólo educa en la delincuencia, que la venganza estatal sobre el condenado sólo trae más resentimiento y crueldad por parte de éste? ¿Cuántos motines más tendrán que sacar a la luz la locura del sistema que amparamos? ¿Cuántas nuevas violaciones de la Constitución deberemos seguir contemplando –a cada día, a cada hora– hasta que algún juez se decida a poner fin a una historia de cárceles “insanas y sucias,” que “castigan y humillan” contra lo que exige explícitamente la letra de la ley fundamental? ¿Será acaso que interesa mantener ciertos niveles de delito? ¿Será que la cárcel cumple una función simbólica que necesita ser preservada? ¿Será que es necesario mantener un ámbito de terror desatado para mirar de modo más complaciente las miserias propias de nuestras vidas?


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